Uno de los servicios que ofrece el Registro Civil del Ecuador es el cambio y rectificación de nombre. Desde 2024 hasta agosto de 2026, la cifra nacional asciende a 113.849 ciudadanos que han recibido este trámite. En el 2024 se registraron 47.482 cambios de nombres, mientras que en 2025 fueron 40.314 procesos de este tipo. En tanto que, en lo que va del 2026, un total de 26.053 personas han accedido a este procedimiento.
En 2026, la provincia de Pichincha encabeza la lista con el mayor número de solicitudes alcanzando 4.996 rectificaciones o cambios de nombre. Le siguen Guayas con 4.866 y Manabí con 2.431. Estas cifras reflejan el dinamismo y eficiencia de los servicios registrales en el Gobierno del Ecuador. Para realizar estos trámites, el ciudadano debe acudir a una agencia del Registro Civil a escala nacional; presentar la cédula de identidad y solicitar el servicio. Debe entregar el comprobante de pago y llenar el formulario oficial para efectuar el cambio o rectificación de nombre. El costo para el cambio de nombre es de $12,00, mientras que para la rectificación es de $4.00. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, este servicio es gratuito.
La entrega del acta registral con la actualización de los datos toma un tiempo de hasta ocho días laborables. El cambio de nombre es un derecho voluntario para modificar, alterar u ordenar los nombres propios de una persona mayor de edad. En cambio, la rectificación corrige únicamente errores tipográficos o de escritura en los nombres originales, sin alterar su estructura morfológica básica (corrección de faltas de ortografía o letras mal escritas sin cambiar por completo la forma o el sonido principal del nombre). Cabe indicar que este derecho se ampara en los artículos 10, 78 y 78.1 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, así como en los artículos 25, 26 y 27 de su respectivo Reglamento. Si bien este servicio se efectúa en las agencias del Registro Civil del Ecuador, la modificación no se actualiza de forma automática en sistemas externos (entidades financieras, establecimientos educativos, de salud, etc.). Por este motivo, cada usuario deberá gestionar personalmente la actualización de su nueva información ante dichas instituciones.
