La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Darío Javier M. S., alcalde de Machala, como presunto autor directo del delito de enriquecimiento ilícito, y contra su esposa, Carmen Ch. P., como presunta cómplice. Acogiendo el pedido de Fiscalía, el Juez de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció el caso dictó prisión preventiva para ambos procesados, dispuso la retención de valores en entidades financieras y fijó en noventa días el plazo para la instrucción fiscal.
La mañana del 6 de julio de 2026, como parte de esta investigación, Fiscalía ejecutó dos allanamientos en la provincia de El Oro. Durante el operativo fueron detenidos ambos sospechosos y una tercera persona con fines investigativos. En los inmuebles intervenidos se levantaron teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas presentó los elementos de convicción que sustentarían que los ahora procesados habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente 6 millones de dólares entre 2019 y 2025.
Entre los principales elementos de convicción expuestos constan informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Contraloría General del Estado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). También se incorporaron el informe de análisis financiero, el informe investigativo, el parte integrado y la información remitida por entidades del sistema financiero.
Contexto del caso
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima presentada a través de la línea 1800 DELITO, en la que se alertaba sobre un presunto direccionamiento de contratos del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Machala hacia empresas de papel que tendrían vínculos con el Alcalde.
Con base en esa denuncia, la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas abrió, en junio de 2026, una investigación previa por presunto peculado. Conforme avanzaron las diligencias, el tipo penal fue cambiado a enriquecimiento ilícito.
El análisis financiero determinó que, durante el período investigado, Darío Javier M. S. registró movimientos económicos por aproximadamente 2,7 millones de dólares. De ese monto, alrededor de 267.000 dólares corresponden a depósitos, mientras que cerca de 300.000 dólares provendrían de sus remuneraciones como servidor público. Estos movimientos se concentrarían en dos cuentas bancarias registradas a su nombre.
Asimismo, el análisis efectuado con información del SRI y la UAFE evidenciaría que, aunque reportó ingresos por aproximadamente 2,2 millones de dólares, registró movimientos financieros por cerca de 2,7 millones, lo que reflejaría una diferencia aproximada de 468.000 dólares entre la información tributaria y la financiera.
La investigación también estableció que el procesado habría emitido cheques a su favor por alrededor de 754.000 dólares y registrado préstamos privados cuya trazabilidad financiera no habría podido justificarse.
En cuanto a Carmen Ch. P., el análisis financiero determinaría que recibió aproximadamente 4 millones de dólares, de los cuales más de 1,5 millones corresponderían a depósitos en efectivo y alrededor de 315.000 dólares a depósitos mediante cheques. Además, se evidenciarían movimientos financieros directos entre las cuentas de ambos procesados.
Respecto del componente societario, Fiscalía expuso que ambos mantienen participación accionaria en cuatro empresas, entre ellas una dedicada a la actividad camaronera. Una de estas compañías habría reportado utilidades cercanas a 26.000 dólares.
