*Fausto Rodrigo Giraldo García
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que desde el 1 de febrero de 2026 entrará en vigor un arancel del 30 % sobre todas las importaciones procedentes de Colombia. La medida se aduce oficialmente es por la falta de cooperación del gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza, narcotráfico y minería ilegal y por un déficit comercial estructural que supera los 1.000 millones de dólares anuales.
Este análisis examina de manera los impactos económicos, sociales y políticos de la medida, incorporando además una comparación conceptual con políticas arancelarias aplicadas por Donald Trump y una evaluación de sus efectos sobre sectores estratégicos como la energía eléctrica.
Sectores podrían argumentar que la medida beneficiaría a productores locales ecuatorianos , pues el encarecimiento de productos colombianos protegería temporalmente a sectores productivos nacionales, especialmente manufacturas y bienes industriales no petroleros, permitiendo una mayor participación en el mercado interno.
Sin embargo, los perjudicados principales serán los importadores y distribuidores ecuatorianos , las empresas que dependen de insumos y bienes colombianos enfrentarán mayores costos, reduciendo márgenes o trasladando precios al consumidor.
Un arancel del 30 % tiende a trasladarse al precio final. La menor competitividad de productos colombianos y la ausencia de sustitutos inmediatos en algunos rubros reducen la oferta y elevan precios, afectando especialmente a bienes sensibles como medicinas, alimentos procesados, insumos productivos y energía eléctrica.
Incidencia inflacionaria
La medida tiene potencial inflacionario en el corto y mediano plazo. El encarecimiento de importaciones y de insumos genera presiones directas sobre el índice de precios y efectos de segunda ronda en transporte y producción, dependiendo del peso del comercio bilateral en el consumo nacional.
Energía eléctrica: un sector estratégico
Ecuador importa históricamente electricidad desde Colombia, especialmente en períodos de sequía y déficit hidroeléctrico. En 2023, las importaciones superaron los 2.500 millones de kWh, concentrando casi la totalidad de la energía importada.
El gobierno de Colombia, como respuesta a la medida anunciada por Daniel Noboa, ha decidido modificar el reglamento que permitia al sector privado de ese país comercializar energía eléctrica hacia el Ecuador. Son más de 450 megavatios que se dejarán de recibir y, frente al desastre en la gestión energética del Ecuador, la variante de flujo hídrico en las represas por ausencia de lluvias, la fallida adquisición de plantas termoeléctricas, la corrupción reflejada en los contratos con PROGEN y ATM, los apagones podrían volver
Los apagones serán una consecuencia mucho más drástica en perjuicio del sector productivo y la estabilidad del empleo, solo precisa recordar las pérdidas económicas del apagón en el 2023, el despido de trabajadores y cierre de negocios, a lo que se suma las dificultades de las actividades educativas entre otras.
Comparación con las políticas arancelarias de Donald Trump
Existe una similitud conceptual entre la medida de Noboa y las políticas aplicadas por Donald Trump: el uso del arancel como instrumento de presión política, afirmación de soberanía y señal de liderazgo interno, sin embargo, la diferencia estructural es clave. Estados Unidos aplicó estas medidas desde una posición hegemónica con alta capacidad de absorción de costos. Ecuador, como economía pequeña y dependiente, enfrenta mayores riesgos económicos y sociales al replicar estrategias similares.
El arancel del 30 % tiene una lógica política de corto plazo y genera costos económicos reales: encarece bienes esenciales, presiona la inflación, afecta al consumidor y deteriora relaciones comerciales y estratégicas con Colombia.
Desde una perspectiva estructural, su aplicación resulta contraproducente, al reducir confianza bilateral, incentivar represalias y afectar sectores estratégicos como la energía. Por ello, el arancel debe evaluarse no solo como herramienta política, sino en términos de costo-beneficio económico y social de largo plazo.
