En el marco del proceso de fiscalización de las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional para poner fin al paro, las cuales posiblemente habrían afectado a niñas, niños y adolescentes de la provincia de Imbabura, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, recibió la comparecencia de César Córdova, defensor del Pueblo y sus delegados.
Durante su intervención, Córdova informó que, en el contexto de las protestas sociales, la Defensoría del Pueblo ha remitido a la Fiscalía General del Estado varios casos en los que se habrían evidenciado posibles excesos en el uso de la fuerza. Reiteró, además, el compromiso institucional de mantener una presencia activa en territorio, mediante labores de observación y acompañamiento.
En este contexto, el Defensor del Pueblo agradeció la confianza de las comunidades de Imbabura, Cotacachi, Cañar, Cotopaxi, entre otras, que han facilitado el trabajo institucional y permitido la entrega pacífica de policías y militares retenidos durante las manifestaciones.
Además, destacó que, ante la magnitud de la conflictividad social, la institución ha suscrito convenios con universidades como la Católica de Cuenca y la Universidad de Guayaquil para brindar atención y contención psicológica a las víctimas, subrayando, la importancia de respetar la cosmovisión y los derechos ancestrales de los pueblos indígenas.
Por su parte, Rodrigo Varela, secretario general misional de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que la institución ha mantenido una actuación constante antes, durante y después de las manifestaciones, mediante la capacitación a la Policía Nacional en estándares nacionales e internacionales sobre el uso progresivo y legítimo de la fuerza.
Recordó que, mediante la Resolución 0024-2023, se activó la Guía de Actuación en el Contexto de la Protesta Social, la cual, desde el 16 de septiembre de 2025, se aplica a nivel nacional para el monitoreo permanente de las protestas, garantizando la observancia de los derechos humanos y remitiendo los casos de presunto uso excesivo de la fuerza a la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.
Finalmente, Alba Jalón, directora del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas Documentadas por la Comisión de la Verdad, reconoció la actuación prudente y diligente del Defensor del Pueblo, orientada a evitar la revictimización. Sin embargo, advirtió que, en territorio especialmente en Imbabura, se han identificado carencias de protocolos claros de protección, falta de equipos de contención emocional y subregistros de datos que impiden conocer las necesidades reales de las comunidades.
“Los niños están expuestos a la violencia, carecen de acceso a atención médica y alimentación adecuada, y participan en espacios de decisión sin ser escuchados”, enfatizó. Asimismo, manifestó que la Defensoría del Pueblo considera indispensable adoptar un enfoque integral de protección, priorizando la vida, la dignidad y el desarrollo humano de los menores, y garantizar que sus derechos no se vean subordinados a conflictos que ellos no provocaron, porque proteger a los niños es responsabilidad de todos.
Comisión General
Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, denunció delitos de lesa humanidad y exhortó a la comisión a fiscalizar estos actos sin precedentes que siguen registrándose aún en el contexto del “supuesto diálogo”. Asimismo, Washington Andrade, representante legal de la CONAIE, informó que, cuando se dan hechos o delitos que se presumen son de lesa humanidad, estos procesos suelen demorar años, por lo que la organización tomó la decisión de iniciar de manera inmediata las investigaciones.
