La Comisión de Garantías Constitucionales resolvió iniciar un proceso formal de fiscalización sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos registradas en el marco de las recientes movilizaciones sociales, tras la expedición del Decreto Ejecutivo No. 126 que eliminó el subsidio al diésel.
De acuerdo con el documento aprobado por unanimidad, el proceso abarcará denuncias relacionadas con las manifestaciones en Cotacachi y Otavalo. Entre los hechos señalados también consta el asesinato del comunero indígena Efraín Fuerez, ocurrido en Imbabura.
En este contexto, la Comisión recibió a dirigentes y representantes indígenas y sociales de Otavalo, Cotacachi e Imbabura como Soledad Puruhuá, Blanca Chancoso, Martha Tuquerrez, Marlon Vargas (presidente de la Conaie), Rafael Negrete (presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi), Fabián Cabascango (de la comunidad de Caluquí).
Los comparecientes denunciaron determinados actos relacionados con vulneración a los derechos humanos y solicitaron la liberación inmediata de las personas detenidas en el marco de las protestas, que —según afirmaron— se desarrollaron en defensa de sus derechos colectivos.
En sus testimonios solicitaron se fiscalice “situaciones de violencia, militarización, ataques con armas letales, difamación y criminalización a los pueblos indígenas”. Sostuvieron, además, que son artesanos, comerciantes y artistas que sobreviven de su trabajo y rechazaron ser catalogados como terroristas.
En el debate, los legisladores afirmaron que se investigarán los testimonios y que los presuntos crímenes de lesa humanidad deberán ser juzgados por la justicia ordinaria.
