68 informes de Contraloría, aprobados entre 2020 y 2021, señalan falencias en la calificación para el otorgamiento de carnés de discapacidad. El organismo identificó el incumplimiento de regulaciones de la autoridad sanitaria, la falta de documentación de respaldo y equipos de servidores calificadores no acreditados.
La Contraloría General del Estado (CGE) examinó el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), realizado entre 2014 y 2020. Los resultados de este estudio se encuentran consolidados en su quinto Reporte de Control Público.
La falencia más recurrente, identificada en la muestra de 68 informes de auditoría utilizados para este análisis, es el incumplimiento de normativa, regulaciones y procesos, debido a que los equipos conformados para la calificación de discapacidades no requirieron informes de especialistas, certificados médicos y la evaluación de trabajo social.
En consecuencia, la valoración de porcentajes de discapacidad no contó con una evaluación completa, como por ejemplo de factores sociales y complementarios de los pacientes.
Se determinó que se emplearon criterios emitidos sin evidencia científica actual y que no se incluyó un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, afectando la calidad de la evaluación de los pacientes. Estos procedimientos restaron sustento técnico y veracidad a las calificaciones otorgadas.
Las auditorías señalan que no se respetó el debido proceso cuando la apertura de la historia clínica, evaluación, calificación y emisión del carné de discapacidad se realizó en un solo día. En estos casos se evidenció porcentajes sobrevalorados en la calificación de factores sociales y emisión del carné de discapacidad con porcentajes de discapacidad que no correspondían a la realidad de los pacientes.
Inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades fue la segunda falencia recurrente. Personas que no cumplieron porcentajes mínimos de discapacidad fueron acreditadas con esta condición, pese a no cumplir los requisitos. Además, en varios expedientes se determinó que la calificación de discapacidades físicas, auditivas y visuales fueron calificadas por profesionales no aptos para determinar ni evaluar este tipo de condiciones.
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