El Defensor del Pueblo de Imbabura, Marco Cadena, indicó que hace seguimiento a varias denuncias de violencia política contra algunas concejales, entre ellas citó los casos de Ruth Almeida y Gladis Morocho en Cotacachi, en Otavalo de las concejalas Paolina Vercútere y Aida Marcillo, en Pimampiro con Ximena Armas.
Indicó que en el contexto de la violencia política, en el municipio de Cotacachi ya se hizo un señalamiento en julio del 2021 para que se haga toda una socialización y capacitación desde la cabeza principal hasta determinados funcionarios, pero hasta el día de hoy no se ha cumplido.
Otro exhorto en el propio municipio de Cotacachi, con fecha 26 de julio del 2021 sobre el derecho a acceder a la información pública es incompleto y también el acceso a los procesos de contratación pública, que según dijo Cadena, tiene que ser una obligación de quienes están al frente de los gads locales para poder transparentar las obras que se realizan.
“Somos una institución que vela por los derechos humanos, independientemente de cuál sea la filiación política de los denunciantes; vamos a dar un seguimiento a estas denuncias de violencia política y el cumplimiento que tienen las autoridades sobre esta materia”, anotó.
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