El debate sobre los cobros ilegales de varios asambleístas a sus asesores y empleados a cambio de mantener el cargo, llegó al Pleno.
Legisladores de varias tendencias se unieron para aprobar la resolución propuesta por el CAL, con la que se permitirá que la Contraloría y la fiscalía investiguen acusaciones y se dará garantía de estabilidad laboral a los denunciantes.
Los legisladores dicen que se trata de cualquier comentario de pasillo replicado por los medios de comunicación sin ningún tipo de documento.
La ex presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira usó ese argumento cuando respondió a una denuncia de que en su administración los funcionarios debían pagar 50 dólares mensuales para financiar a Alianza País.
“Si es que alguien tiene una denuncia que la ponga en Fiscalía no en un show de televisión y para menoscabar la imagen de 137 parlamentarios”, dijo Rivadeneira.
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