La asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la mesa, AAMPETRA, aclaró que se trata del informe sobre control político a las autoridades anteriores y actuales del Ministerio de Educación. “Nuestro objetivo es visibilizar las negligencias, incumplimientos a la ley, los vacíos en cuanto a la normativa y la falta de articulación, para una vez identificados pedir la corrección e inmediata intervención, a fin de reparar estas problemáticas y evitar que estos actos vuelvan a ocurrir”, señaló.
“No somos un organismo que sentencia, investigamos para identificar los problemas y ponerlos en manos de las autoridades competentes”, acotó. Como parte de las conclusiones, los documentos se remitirán al propio Ministerio para que tome los correctivos necesarios, a la Contraloría y Fiscalía, con el propósito de que formulen errores administrativos y penales, respectivamente.
“Es indispensable aclarar qué pasó con el plan integral de prevención, con las campañas de difusión, con la aplicación de protocolos, cuál fue el impacto, cómo se evadieron y cómo se dieron estos graves casos a pesar de tener los protocolos”, dijo, al precisar que los exministros y rectores de los planteles deben explicar por qué conociendo esos abusos no cumplieron con la obligación de denunciarlos.
Norma Vallejo cuestionó que las autoridades de los planteles educativos, no hayan judicializado los temas de abuso sexual a menores en la Fiscalía, quedando los hechos tan solo en la parte administrativa. Consideró que hay que investigar todo y que Augusto Espinosa tendrá que explicar su actuación y responsabilidad ante la justicia.
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