La Asamblea Nacional, en 2018, desarrolló un efectivo control político, a través del cual más de 400 funcionarios públicos acudieron al Pleno y a las comisiones especializadas, tanto permanentes, cuanto ocasionales, a rendir cuentas de su gestión en temas como desaparecidos, problemática de la niñez, jubilados, seguridad pública, salud, educación, derechos de las mujeres, entre otros.
Igualmente, legisladores de distintas bancadas y movimientos políticos formularon 2.260 solicitudes de información a las diversas funciones, organismos y entidades estatales, a fin de realizar un seguimiento a la aplicación de políticas públicas encaminadas a satisfacer las demandas ciudadanas, así como la operatividad de la legislación aprobada por la Asamblea.
En cuanto a la fiscalización, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite siete juicios políticos, tres de los cuales -luego de la sustanciación en la Comisión de Fiscalización, pasaron a conocimiento del Pleno. Se trata de las interpelaciones contra el ex fiscal General, Carlos Baca Mancheno, quien fue censurado y destituido; el exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, también censurado; y, contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre.
Autodepuración
En ejercicio del compromiso de luchar contra la corrupción, la Asamblea Nacional destituyó a las exlegisladoras Norma Vallejo y Sofía Espín, cuyas actuaciones fueron investigadas por las respectivas comisiones multipartidistas conformadas por el Pleno, instancias que recogieron las pruebas presentadas por los denunciantes y por testigos que conocían de la la existencia de actos reñidos con la ley, garantizaron el legítimo derecho a la defensa y, concluyeron que las mencionadas exasambleístas habían incurrido en las prohibiciones contenidas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
