Tres de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que fueron destituidos por la Asamblea Nacional, presentaron ante la justicia una Acción de protección con el objetivo de dejar sin efecto su remoción.
Los consejeros destituidos señalaron que en el juicio político de la Asamblea Nacional no se les dio a conocer el informe sobre el motivo por el cual les acusaban, por lo tanto, vulneraron la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva.
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