La campaña de acoso, desprestigio, ataques, amenazas e intentos de intimidación a periodistas continúa en ascenso en Ecuador, incluso valiéndose de la justicia y de acciones poco transparentes, hechos inadmisibles en una sociedad democrática.
Desde noviembre pasado, se han registrado, nuevas acciones de agresión, intimidación y obstaculización del trabajo periodístico, en un claro intento de callar a los comunicadores, más aún a quienes denuncian casos de corrupción.
La periodista de Teleamazonas, Dayanna Monroy, por disposición de un agente fiscal, tiene que rendir versión ante una denuncia por supuesta revelación ilegal de base de datos presentada en su contra por un exmandatario, que también es candidato a asambleísta y quien el año pasado ya amenazó a la periodista y nuevamente lo hace, dentro de un acoso legal.
El presentador de Ecuavisa, Carlos Rojas, fue atacado en redes sociales por referirse en la red social Twitter al reportaje publicado por la Revista Semana sobre los archivos encriptados de Andrés Vanegas, alias Uriel, el comandante del ELN, sobre un supuesto financiamiento a la campaña del candidato Andrés Arauz.
La jueza Melanie López Vargas, sin audiencia, negó la acción de protección con medida cautelar en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) interpuesta por las periodistas de GK Ecuador, Isabela Ponce y María Sol Borja, por la decisión del ente electoral de no permitir el acceso de medios digitales al Centro de Difusión de Resultados el 7 de febrero.
Wilson Cabrera, corresponsal de Teleamazonas en Morona Santiago y director de las plataformas periodísticas Conectados y Verificado, denunció que recibió amenazas del Comisario Nacional de Policía del cantón Santiago (Morona Santiago), Iván Rivadeneira Torres, quien le advirtió que interpondría acciones legales contra él por denuncias hechas en su contra.
El actor David Reinoso, tampoco está exento de amenazas y hace una semana el país conmocionado, lamentaba el asesinato del presentador de Ecuavisa, Efraín Ruales.
La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador se solidariza con todos los comunicadores del país y su labor por desentrañar las tramas de corrupción, señalar a los involucrados y mantener informada a la ciudadanía.
Una vez más, la UNP exige a todas las instituciones del estado y gobierno que cumplan con su obligación de precautelar y garantizar el trabajo e integridad de los periodistas, deber legal y moralmente ineludible no solo por ser parte de estándares internacionales sino por el derecho de la población a estar adecuadamente informada.
