Rocío Yépez, presidenta de la Juventud Socialista y Asambleísta Nacional, consideró que la interrupción del embarazo en caso de violación es un derecho humano que garantiza a las personas en capacidad de gestar, que han sido violentadas y que viven en condiciones precarias y empobrecidas, tengan la autonomía sobre sus cuerpos.
Recordó que la sentencia de la Corte Constitucional ya despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación reafirmando que parir o interrumpir voluntariamente el embarazo es una decisión libre para las víctimas del más atroz acto de violencia contra una persona como es la violación sexual.
Las personas en capacidad de gestar tienen que tener la garantía de poder acceder a la interrupción de su embarazo de manera segura, sin trabas, sin prejuicios y sin desinformación., añadió.
“Aprobar una ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación es una cuestión de justicia social ya que quienes mueren en abortos clandestinos son las personas más desprotegidas víctimas de múltiples violencias: clasista, sexista, racista…”, sostuvo.
Manifestó que establecer temporalidad implica que van a ser criminalizadas las niñas, adolescentes, mujeres y personas que decidan abortar por fuera de los plazos establecidos. La ley no puede regular sobre tiempos, las mujeres más empobrecidas que difícilmente acceden a atención medica periódica o las niñas que no saben que es un embarazo y son sus madres las que notan como crecen sus vientres no pueden seguir siendo torturadas porque se pasaron los tiempos, eso es inadmisible, reiteró Yépez.
