“El retraso en la ejecución de obras significa retraso para el pueblo. No estamos reclamando dinero para la Prefectura, peor aún para las autoridades. Estamos en posición de protesta porque el Gobierno no está cumpliendo con la obligación que tiene de transferir recursos para atender las necesidades de las comunidades”. Con estas palabras, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, se dirigió a la gobernadora, María Gabriela Jaramillo, durante la manifestación pública realizada este día miércoles, 16 de diciembre de 2020.
Dirigentes de los obreros y del área administrativa acompañaron al Prefecto, durante una marcha pacífica que tuvo como escenario las inmediaciones de las oficinas del ejecutivo en la provincia. Con carteles en mano expresaron su preocupación por el recorte al presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, dispuesto por el régimen en el presente año, teniendo como justificación la crisis económica, ahondada por la pandemia de la COVID-19.
Jurado, expresó la exigencia de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de oído a los planteamientos de quienes, en representación de la ciudadanía, están al frente de los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales. Se refiere al retraso en la entrega de los recursos públicos y lo que es peor, el recorte a los presupuestos que tal como afirmó, esto significaría, en el caso de la Prefectura, echar abajo lo planificado en el accionar de este año.
La situación es por demás preocupante para la economía del organismo que, de acuerdo a sus competencias, debe operar en las áreas de vialidad, riego, ambiente y desarrollo económico. “De 24 millones de dólares presupuestados, prácticamente se estaría restando un monto cercano a los 10 millones, con lo cual es muy difícil poder hacer carreteras, mejorar la infraestructura de riego, gestionar la calidad ambiental y dar impulso al área productiva”, dijo el Prefecto.
Subrayó que la institución a su cargo ha cumplido con lo que establece la ley, en cuanto a administrar correctamente los recursos. Así explicó que el gasto corriente está bajo el techo del 30 por ciento, mientras que el 70 por ciento está destinado a proyectos que generan bienestar y a la construcción de obras. “De concretarse el recorte, únicamente podríamos atender los planes del Presupuesto Participativo, con montos menores a los 100.000 dólares, mientras que los proyectos estratégicos quedarían pendientes”.
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