La Empresa Pública Siembra EP alcanza la adhesión del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores, para evitar su liquidación y traspaso a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), según prevé el decreto de extinción de 19 de mayo de 2020.
La asambleísta Liliana Durán, presidenta del grupo parlamentario coincidió con el criterio de Dora Quimbiamba, presidenta del Frente de Defensa de Urcuquí, así como, con las versiones de los asambleístas Diego García Pozo y Silvia Salgado.
En lo principal, expresaron su desacuerdo con el Decreto 1060, por lo que pidieron su derogatoria, para que no se afecte a la Empresa Siembra EP, que tiene un horizonte hasta el año 2047; evite dejar en el desempleo a 436 familias y no se perjudique al Estado por existir un crédito con China que se encuentra vigente.
María del Carmen Alvear, de Siembra EP, confirmó que a partir del año 2018 existen cifras o recursos de autogestión, lo cual se podría mejorar con la implementación de varios planes, entre ellos el proyecto de cáñamo industrial; debiendo tomar en cuenta que el déficit de la Empresa a la fecha es de 4.7 millones de dólares.
Respecto a esta situación, la asambleísta Amapola Naranjo, invitada a la sesión, anunció que prepara la demanda de inconstitucionalidad del Decreto 1060 expedido por el Presidente de la República.
Entre tanto, José Adrián Zambrano, gerente de la Empresa Siembra EP, precisó que la optimización del personal se realizará según las líneas de negocios. En este sentido, Edwin Sánchez Guzmán, viceministro de Trabajo, recordó que los derechos son irrenunciables, existirá un plazo para acordar la liquidación y un tiempo para su aplicación, dando seguimiento a las desvinculaciones y evitando la vulneración de los derechos de los trabajadores.

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