El Grupo Parlamentario Fronterizo, que dirige Silvia Salgado, con el voto de los siete legisladores presentes, resolvió requerir del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, derogue el Decreto 1060, por el cual dispuso la liquidación de la empresa Siembra EP, antes Yachay, con el propósito de buscar alternativas para fortalecer este importante proyecto, que no solo beneficia a la región norte, sino a todo el país.
La resolución reconoce el aporte de la empresa Siembra para la dinamización de la economía, tanto del cantón Urcuquí, cuanto de la provincia de Imbabura, en los últimos cinco años, generando plazas de empleo directo e indirecto; promueve el fortalecimiento de la Ciudad del Conocimiento, no solo como un proyecto de carácter científico tecnológico, sino como Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), que aporta al desarrollo del país.
Así mismo, sobre la base de la información económico financiera presentada por técnicos de la empresa, se reconoce que existen alternativas de sostenibilidad. También se requiere de las autoridades nacionales, particularmente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), informen sobre el cumplimiento de las obligaciones para la ejecución del crédito con la empresa china Eximbank y los riesgos para el Estado ecuatoriano por su posible incumplimiento.
El alcalde de Urcuquí, Tyrone Vega y el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, expresaron que al inicio del proyecto no se efectuó una socialización adecuada, hoy, cuando ya está avanzado, lo que se debe hacer no es liquidar la empresa, sino fortalecerla. “Imbabura está de pie para defender Yachay, que es una marca imbabureña”, enfatizó Jurado, al pronunciarse por la derogatoria del Decreto 1060 y la búsqueda de una salida consensuada al modelo de gestión para esta empresa.
Varios miembros de esta instancia parlamentaria, entre ellos, Diego García, Marcelo Simbaña, José Chalá, René Yandún, Elio Peña y Freddy Alarcón, hicieron hincapié en la necesidad de apoyar un proceso de fortalecimiento de la empresa Siembra EP, en vista que los resultados debían verificarse a partir de 2021 y si es necesario, habría que pensar en cambios al modelo de gestión, pero de ninguna manera el cierre de operaciones, más considerando los beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la zona norte del país.

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