Las autoridades de los GAD Provinciales expresan su reclamo por el incumplimiento en las transferencias económicas por parte del Gobierno y por los recortes presupuestarios elevados que rebasan el 60 por ciento, lo cual, según sus argumentos está prohibido por la ley. La situación obliga a que no se puedan ejecutar nuevas obras, concentrándose únicamente en las que estaban planificadas en el 2020, lo cual significa el retraso de un año en la inversión pública.
“Estamos conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesa el país, pero no es correcto que, a pretexto de ello, se violen procedimientos, derechos y la institucionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados”. Así reaccionó el prefecto de Imbabura y presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, Pablo Jurado, luego de haber encabezado la comisión que acudió a la Corte Constitucional a presentar la demanda de inconstitucionalidad ante el incumplimiento de los pagos pendientes por parte del Gobierno Nacional a las prefecturas.
Esta acción, cumplida el miércoles 13 de enero del 2021, se dio ante la falta de respuesta por parte del ejecutivo sobre el pago de valores que adeuda a los organismos provinciales por concepto del Modelo de Equidad Territorial, previsto en la Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD. A través de ella se exige declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del artículo 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, en el que se faculta al nivel del Gobierno Central realizar ajustes cuatrimestrales, afectando la autonomía de los GAD.
