En el marco de la sustanciación del juicio político planteado por los asambleístas Yeseña Guamaní y Ricardo Vanegas en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, aseguró que la entidad persigue delitos, no personas y en el proceso que se sigue en contra de Carrión existen los elementos de convicción suficientes para determinar la existencia del delito de agresión sexual.
Ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, la doctora Salazar indicó que el desacato al toque de queda del estado de excepción en que habría incurrido el Defensor del Pueblo es un agravante dentro del proceso penal. Añadió que la flagrancia fue confirmada por siete jueces que se han pronunciado en distintas oportunidades.
Sin dar más detalles, porque la ley prohíbe hacer pública la información, sobre el hallazgo de más de 46 mil dólares en poder del exministro de Salud, Mauro Falconí, Diana Salazar indicó que este dinero es parte de otra investigación que se desarrolla sobre la compra de pruebas para Covid-19.
Henry Soria, excoordinador del Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha 2, conocido como cárcel 4, reiteró que Freddy Carrión no tuvo autorización para el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo, ni ha hecho uso de medios digitales como consta de una declaración hecha de puño y letra del interno.
Virgilio Hernández: ‘El Vicepresidente tiene la obligación de demostrar su inocencia’
“En el país hay un momento delicado que tiene que ser analizado en varios órdenes, en la esfera del gobierno, el Vicepresidente tiene la obligación de poder demostrar su inocencia, eso es lo que la sociedad le pide y los órganos judiciales tendrán que actuar con absoluta independencia y eficacia”, señalo el consejero de la […]