La Comisión de Fiscalización y Control Político siguió con la recepción de declaraciones para la sustanciación de juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. En esta ocasión, los comisionados recibieron el testimonio de David Andrade, funcionario de la Contraloría desde 2009, quien fue contratado para dar apoyo a los equipos de auditoría en el área de telecomunicaciones.
En su intervención hizo alusión al informe que sirvió de sustento para la determinación de la responsabilidad civil por 112 millones de dólares y afirmó que los informes de descargo presentados por Conecel, de tres consultoras contratadas por la propia operadora, no estaban certificadas.
El asambleísta interpelante Juan Cristóbal Lloret preguntó por qué se aceptaron los argumentos de las consultoras contratadas por Conecel presentados como descargo para eliminar la glosa, y no se defendió la auditoría de Contraloría.
Andrade, al ser consultado si ha recibido alguna presión respondió que “de ninguna manera”, ni en la elaboración de comentarios del informe, ni en los criterios que se solicitaron para las pruebas de descargo.
Persecución
Los comisionados también recibieron a Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría, quien sostuvo que en enero de 2019 se le asignó el expediente de la glosa de Conecel por cerca de 112 millones.
Dijo que en el análisis realizado se confirmó que la documentación eran copias simples, lo que impedía verificar la legalidad de su contenido. Señaló que junto con su Supervisora decidieron confirmar la responsabilidad de la glosa, pero a pesar de ello le solicitaron que la desvanezca. Confirmó que fue Luis Miño quien le presionaba.
Villavicencio narró que una vez que se negó a desvanecer la glosa primero le cambiaron de puesto, meses más tarde le notificaron su salida de la institución. Así mismo, dijo que es perseguido y por eso ahora está en la clandestinidad junto con su familia. “Si algo me llega a pasar a mí y a mi familia será culpa del excontralor Pablo Celi y de la operadora Claro”. Los legisladores solicitaron al Ministerio de Gobierno se disponga medidas de protección para varios comparecientes.
La Comisión de Fiscalización aprobó, con seis votos, incorporar al proceso de juicio político en contra de Pablo Celi, una carpeta con documentación entregada por el exfuncionario de la Contraloría, Nelson Villavicencio.
Pablo Baldeón fue citado ante la Comisión para que informe respecto a los sectores estratégicos. Dio a conocer sobre el examen especial del contrato entre Petroecuador y la empresa Nolimit, confirmó que la contratación entre ambas instituciones fue directa, sin licitación y bajo régimen especial.
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