David Rosero, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó que se han reunido los consejeros alternos para solicitar a las autoridades de la Asamblea, de la Contraloría que se investigue al cura José Carlos Tuárez y otros consejeros porque se supone que su documentación presentada no se encuentra establecida en la normativa.
Dijo que el Consejo fue un organismo creado para combatir la corrupción, la recuperación de los dineros que se llevaron en estos actos ilegales y la promoción de los derechos de participación.
Manifestó a Expectativa que los representantes de cultos religiosos no pueden ejercer como miembros del Consejo, además una persona que se ha desafiliado tres meses antes de las elecciones, de una organización política, no podía participar como candidato al Consejo.
“Si el Consejo se cierra en una mayoría pro gobierno anterior, los casos de corrupción queden archivados o se ingrese a revisar lo actuado en la presidencia del doctor Julio César Trujillo, eso sería preocupante para el país; lo que busca la mayoría afín al ex presidente Rafael Correa es llevarle a una crisis institucional al organismo”, remarcó Rosero.
Dijo que el Consejo de Participación Ciudadana entró en crisis cuando el gobierno anterior metió la mano en la designación de las principales autoridades del Estado y coloca a descalificados como Carlos Ochoa, Galo Chiriboga, a la Corte Constitucional y otros.
La designación de autoridades debe ser mediante filtros, no por mayorías o minorías, para que de esta forma se seleccione a las mejores personas mediante una asamblea democrática y no por la palancocracia.
