La Comisión Multipartidista, presidida por Fernando Burbano, que investiga los hechos registrados entre el 2 y 13 de octubre pasado, con ocasión del paro nacional, recibió las versiones de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, así como de los representantes de varias organizaciones de pueblos y nacionalidades, agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La titular del órgano de gobierno de la Función Judicial justificó la decisión de suspender las actividades en las diferentes unidades judiciales del país, para precautelar, no solo la integridad y seguridad de los operadores de justicia, sino para salvaguardar el bienestar de los usuarios que acuden diariamente a sus instalaciones.
Confirmó que hay 19 adolescentes detenidos en las protestas, sobre todo en Quito, Cuenca e Ibarra, algunos de los cuales fueron procesados por flagrancia, inclusive se planteó que varios de ellos sean liberados vía hábeas corpus, ante jueces civiles y la decisión corresponde a cada uno de los jueces.
Versiones de dirigentes indígenas
De su lado, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, aseguró que desde el 23 de agosto, en una Asamblea de los Pueblos y Nacionalidades decidieron desarrollar movilizaciones en octubre, porque habían transcurrido dos años de diálogo con el Gobierno, sin que se alcancen resultados objetivos. Con el decreto 883, se adelantó la fecha de las movilizaciones, pero en ningún momento se buscó desestabilizar el orden constituido.
Mientras, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, responsabilizó de las manifestaciones a los grupos económicos poderosos del país y a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pidió que se investigue el origen de los grupos infiltrados en las protestas, porque el movimiento indígena, en ningún momento, generó actos vandálicos.¡
El presidente de la mesa, Fernando Burbano, explicó que en estos días se ha recibido a más de 58 personas que representan a diversas organizaciones, autoridades de Estado y organismos internacionales, con el propósito de emitir un informe que revele la verdad de lo que ocurrió entre el 2 y 13 de octubre.
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