Por: David Rosero
Twitter: @davidroserow
Desde el año anterior el pueblo ecuatoriano sufre las consecuencias de una crisis económica generada por varios factores entre ellos: la falta de eficiencia en la administración de los recursos económicos, la cuestionada transparencia gubernamental, la ausencia de consensos entre el gobierno y los diferentes actores de la sociedad civil y la falta de cooperación de un gobierno autoritario que cree que lo sabe todo.
Ahora tenemos más deuda pública y un déficit fiscal enorme, sumado al permanente atropello a los derechos humanos y la persecución desde el poder a quienes pensamos distinto.
Para salir de este atolladero es necesario impulsar un acuerdo nacional para establecer una hoja de ruta anticrisis que genere confianza y cuya factura no caiga en los hombros del pueblo ecuatoriano. En lo productivo con el apoyo a los pequeños y medianos negocios con crédito a bajas tasas de interés, impulso de la economía popular y solidaria a través de una Alianza Público – Popular – Comunitaria para apuntalar el empleo que generan cientos de miles de pequeños y medianos productores en campo y la ciudad.
En lo económico implementar una reforma económica y fiscal para desterrar el despilfarro y la corrupción. Impulsar la soberanía alimentaria. Fortalecer las cooperativas y unidades de producción. Parar y auditar el endeudamiento externo lesivo. Disminuir el IVA del 12% al 10%. Recuperar los derechos laborales. Cobrar a los grandes evasores de impuestos; establecer un impuesto al patrimonio de 125 grandes grupos económicos del país quienes en 2014 pagaron apenas el 2,2% de sus ingresos en impuestos, mientras el ecuatoriano común pagó 22% de sus ingresos en impuestos.
Proteger la naturaleza del extractivismo contaminante. Revisar los contratos petroleros, mineros y de telecomunicaciones que se hayan suscrito en perjuicio del país. Impulsar una consulta popular sobre temas fundamentales. Derogatoria de las ¨enmiendas¨ a la Constitución. Reformar leyes arbitrarias e inconsultas del correato (Ley Mordaza, Código Penal, entre otras) promoviendo la participación social. Independencia y autonomía de las diferentes funciones del Estado mediante el impulso de una reforma constitucional que plantee el voto popular para designar jueces y autoridades de control (Fiscal, Contralor, CNE, TCE, Superintendencias, Defensor del Pueblo, Defensor Público, etc.)
Recuperación de derechos arrebatados durante los últimos años de despotismo. Fiscalización a los nuevos ricos del correato. Libre acceso a la universidad y a la carrera profesional elegida por cada joven. Cambiar la pedagogía de la imposición por la pedagogía democrática que eduque para la libertad y para mejorar las condiciones de vida. Devolución del 40% de aporte Estatal al IESS para las pensiones jubilares, del Fondo de Cesantía para el magisterio y de los 41 millones de dólares al ISSFA.
El cambio entonces, no solo implica llegar a Carondelet y a la Asamblea Nacional, o como dice nuestro pueblo: salir de ¨guatemal¨ para caer en ¨guatepeor¨, es sobretodo transformar las estructuras desiguales para lograr una democracia con plena vigencia de los derechos humanos.
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