Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública Siembra (EP), que tenían a su cargo el funcionamiento del proyecto Yachay, Ciudad del Conocimiento, que fueron desvinculados de sus puestos de trabajo, acudieron a la Comisión del Derecho al Trabajo a denunciar la vulneración de derechos colectivos y laborales.
Según Kiwar Salazar, secretario del Sindicato de Trabajadores de Siembra EP, no se respetaron los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo y que desde el 2018 vienen luchando en defensa de sus derechos.
El desenlace de la problemática, aseguró es la inconstitucionalidad del Decreto 1060, (emitido en el gobierno anterior) relacionado con la extinción de las empresas pública. Expuso que no se les ha reconocido el contrato colectivo, descuentos ilegales, liquidaciones al margen de la ley. Explicó que existen 30 demandas de personas de grupos vulnerables, con discapacidad, de tercera edad y embarazadas.
Desde el ámbito jurídico, Luis Ávila informó que han planteado la inconstitucionalidad del Decreto 1060, proceso que está más de un año en la Corte Constitucional sin ningún dictamen.
Pamela Aguirre informó que el tema es analizado en tres espacios legislativos, entre ellos, la Comisión de Fiscalización. La legisladora ve con preocupación que no exista la intención de la Senescyt de activar las tierras productivas. Consideró que no se debe abandonar el proyecto, por lo que sugirió presentar un plan de reactivación económica.
Hay que darle la asistencia necesaria para que el proyecto educativo de Yachay continúe, no es que no hay recursos sino mala gestión de los mismo, expuso de su lado el parlamentario Salvador Quishpe tras proponer una visita in situ.
El vicepresidente de la Comisión, Luis Marcillo, anunció que prepararán un informe sobre el tema, previo a viabilizar los pedidos de información a las diferentes entidades.
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