De conformidad con lo que determina la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Garantías Constitucionales inició el estudio de las solicitudes de amnistía e indulto. Hoy los comisionados escucharon a quienes estuvieron involucrados en el caso “Derecho a la resistencia y protesta social – octubre 2019”.
En este marco, Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, señaló que el levantamiento indígena de octubre de 2019 se dio cuando el expresidente Moreno emitió el decreto ejecutivo 883. La protesta fue pacífica y en ningún momento se afectaron los bienes públicos, dijo al señalar que el Estado criminalizó este levantamiento. Pidió a la Comisión tomar en cuenta el informe de la Comisión de Derechos Humanos, que realizó una investigación exhaustiva. Recordó que en esa fecha 11 de sus compañeros fallecieron.
Mientras, Leonizas Iza, presidente de la Conaie, expresó que la reacción del pueblo indígena es producto del incumplimiento de las políticas públicas de los gobiernos de turno. Recordó los antecedentes por los cuales se dio el levantamiento de octubre de 2019. Afirmó que esta jornada se dio ante la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra, eco país y diésel; el despido de más de 23 mil trabajadores, la reducción de aranceles para adquisición de maquinaria, etc. Aclaró que en ningún momento se buscó la desestabilización del Estado, sino que se derogue el decreto ejecutivo 833.
El legislador Gruber Zambrano recordó a los comparecientes el contenido del articulo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre los pedidos de amnistía e indultos. Manifestó que los responsables de la violencia en los sucesos de 2019 deben responder ante la justicia y que la Comisión debe valorar cada caso.
La parlamentaria Fernanda Astudillo, al solidarizarse con los dirigentes indígenas y con las familias de los fallecidos, indicó que fue evidente la agresión contra mujeres en las protestas de octubre de 2019. Subrayó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta. En cambio, la legisladora Rosa Carlosama manifestó que no se puede permitir que se confunda la lucha de los sectores indígenas y se desconozca el principio constitucional de la interculturalidad.
Los comisionados también escucharon a María Hernández, del Comité de Víctimas del Paro de Octubre “Marco Otto” quien sustentó que su solicitud de amnistía guarda conformidad con lo que determina la Constitución.
