De las versiones rendidas por el Teniente coronel Jimmy Acosta, Jefe Subrogante de la Subzona de Imbabura, ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, sobre el caso de femicidio contra Diana Carolina, se establece que una vez que comunicó a la Gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, sobre los hechos que ocurrían, no recibió ninguna disposición por parte de ella.
A criterio de la Comisión, la ex Gobernadora habría incumplido en sus competencias de coordinar con entes y órganos de la Administración Pública Seccional, cuidar la tranquilidad y orden público, exigiendo el auxilio de la fuerza pública, proteger la seguridad de las personas y los bienes, prevenir los delitos, combatir la delincuencia y prevenir los conflictos sociales en el territorio de su competencia; adicionalmente se evidencian falencias en el sistema de monitoreo del Ministerio del Interior.
Se evidencia que los miembros de la Policía que participaron en el operativo incumplieron el Acuerdo Ministerial No. 4472 de 10 de julio de 2014, mediante el cual se emitió el Reglamento de Uso, Legal, Adecuado, y Proporcional de la Fuerza para la Policía Nacional del Ecuador.
Por los diversos testimonios que se presentaron en las comparecencias, la cadena de mando de la Policía Nacional se habría roto, pues el incidente no llegó a conocimiento del máximo mando policial de manera oportuna, lo cual dio como resultado la falta de intervención de los recursos de la fuerza pública especializada ubicados en otros repartos policiales.
Asimismo, que la información recabada durante las comparecencias, pone en evidencia las deficiencias en la formación, capacitación, entrenamiento específico, dotación de municiones y equipo; así como, asignación presupuestaria para el personal de la Policía, en el uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza.
En este sentido, la comisión formula varias recomendaciones al gobierno. Una de ellas, la plena aplicación de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, solicita que a través de las carteras de Estado competentes se brinde la protección integral a los hijos de Diana Carolina que quedaron en condición de vulnerabilidad.
En el documento se concluye que lo ocurrido con Diana Carolina, en la ciudad de Ibarra, constituye un hecho violento desarrollado en el marco de situaciones estructurales de violencia de género contra las mujeres y que la violencia contra la mujer en Ecuador es de carácter estructural y, lamentablemente, se encuentra enraizada en lo más profundo de nuestro convivir social.
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