En la Corte Nacional de Justicia, se instaló – desde este martes 7 de diciembre– la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada contra trece personas, entre ellas el excontralor Pablo C., su hermano Esteban C. y el exgerente de Petroecuador Pablo F.
En el primer día de audiencia, las defensas de los procesados expusieron sus argumentos sobre los posibles vicios de procedimiento, prejudicialidad y competencia. Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fundamentó cada una de las alegaciones, señalando que nunca se violentó el debido proceso y que se actuó en apego a la Ley y a la Constitución.
La tarde de este miércoles 8 de diciembre –en el segundo día de la diligencia–, el juez Felipe Córdova declaró validez de todo lo actuado dentro de esta causa, por lo que dio paso a la exposición del dictamen acusatorio por parte de Fiscalía.
En su intervención, la Fiscal General del Estado señaló que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a la Empresa EP Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, que –valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco– planificaron obtener beneficios económicos.
Hasta esta noche, la Fiscal General del Estado expuso seis elementos de convicción, entre los que se incluyen conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados mediante pericias especializadas en la extracción y materialización, que evidencian la forma en la que operaba la estructura criminal, tanto con empresarios –a quienes solicitaba dinero–, como con colaboradores –con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos–.
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