La Asamblea Nacional respaldó la decisión soberana del Gobierno del Ecuador de retirar el asilo diplomático otorgado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en 2012. Además, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana remita la información acerca del proceso de suspensión de la naturalización del señor Assange.
Así mismo, requirió a la Cancillería dé seguimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno del Reino Unido, de no extradición y salvaguardar la integridad y la vida de Assange. También conmina a la Fiscalía investigue las denuncias presentadas por las autoridades competentes.
Previamente, los legisladores recibieron al canciller, José Valencia, para que exponga la situación de Julian Assange, asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres. Explicó existieron nueve razones para que el presidente de la República, Lenín Moreno, haya decidido dar por terminado el asilo, entre ellas por actos censurables del asilado; proferir amenazas al Estado ecuatoriano; la negativa del Reino Unido de otorgar el salvoconducto; el deterioro de su salud; la inexistencia de un pedido de extradición de un tercer país; inconsistencias en su naturalizacion y las garantías de Gran Betaña de que no se lo entregará a un Estado donde pueda sufrir pena de muerte, tortura o trato degradante.
Además, explicó que incurrió en reiterados incumplimientos a las normas establecidas en convenciones internacionales; del Protocolo Especial de Convivencia; y por intervención en asuntos internos de otros estados. De igual forma, manifestaciones de ingratitud del asilado y sus abogados, con amenazas y acusaciones infundadas en contra de Ecuador. El Canciller también recordó que el país gastó cera de $ 6 millones en seguridad desde que se le concedió el asilo y $ 400 mil en alimentación, lavado de ropa y otros rubros.
Manifestó que el Estado ha respetado y respeta fielmente el asilo diplomático y que en todo momento cumplió con su deber de garantizar los derechos humanos de Assange. No obstante, aclaró que no es obligación de Ecuador evitar que comparezca ante las autoridades judiciales de Gran Bretaña y se someta a lo que ellas dispongan.
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