Andrés Madero, ministro de Trabajo, reveló que entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en la Función Ejecutiva se han desvinculado 8.916; en las Funciones Judicial 207; Legislativa 566; de Transparencia y Control Social 157; en las instituciones creadas por la Constitución y la ley 1.365; en el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 39 y en el Parlamento Andino 3, mientras que en la Función Electoral, (por el proceso de elecciones) se han incrementado 433 personas.
Se han desvinculado 11.820 personas en el período de diciembre de 2018 a febrero de 2019, explicó y señaló que las desvinculaciones responden a las necesidades de las entidades, con sujeción a la Ley de Servicio Público.
Esta información la proporcionó en su comparecencia ante la Comisión de los Trabajadores. Allí el funcionario enfatizó que las desvinculaciones responden a criterios técnicos y legales establecidos por cada una de las instituciones, con el objetivo de alcanzar de sus funcionarios el óptimo desempeño y desarrollo de la prestación de servicio de acuerdo a la misión y visión de cada una de las instituciones.
Sostuvo que los trabajadores en general que han sido desvinculados son del Código de Trabajo, contratos ocasionales, nombramientos y nombramientos provisionales de acuerdo con la necesidad institucional.
Las inquietudes de los legisladores se centraron en temas referentes a los procedimientos aplicados para las desvinculaciones y acciones que toma el Ministerio de Trabajo.
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